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Venezuela, socialismo y garantías constitucionales

Venezuela, socialismo y garantías constitucionales

Miguel Lozano

Caracas.- Llegado a la política del movimiento popular, el diputado Reinaldo García, presidente de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, asegura que en Venezuela se ha avanzado en esta esfera, aunque subsisten problemas.

Fue coordinador deportivo cultural del barrio popular capitalino La Pastora y formó parte de los grupos sociales del 23 de Enero.

Está convencido que sólo el socialismo garantiza los derechos humanos, porque es un sistema que pone al hombre como centro.

En entrevista con Prensa Latina, García explica que ese es un motivo para insistir en la propuesta socialista.

- ¿Desde esa posición privilegiada para abordar el tema, cómo ve Usted la situación actual de los Derechos Humanos en Venezuela?

- En comparación con años anteriores, podemos asegurar que hemos avanzado en el respeto de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución (aprobada en 1999) tiene una serie de artículos que profundizan la materia de estos derechos políticos, sociales y económicos y todo lo relacionado con la vida y su integridad física.

En el pasado no se respetaba esa normativa. Había mucha más violencia contra el ciudadano. Aquel que poseía una chapa de policía agredía, torturaba y vejaba. Hoy la situación es distinta: Pese a que haya particularidades, existe respeto al ciudadano.

Tenemos en la subcomisión cerca de mil 800 denuncias; pero debemos recordar que en el pasado era una práctica perseguir a los grupos y dirigentes sociales de los barrios y se reprimía hasta los círculos de estudio.

Muchos de estos cuerpos de seguridad detenían a las personas ilegalmente, hubo casos de lanzamientos desde helicópteros, desaparecidos, torturados y privados de libertad sin derecho a la defensa ni debido proceso.

Hoy las instituciones como la Defensoría del Pueblo y la misma subcomisión parlamentaria estamos atentos a que esto no suceda. No queremos que se repita.

Los cuerpos de seguridad tienen oficinas en materia de Derechos Humanos y nosotros estamos impulsando la instalación en los regímenes penitenciarios de vocerías (representaciones) de lo internos y garantizar el conocimiento de sus derechos.

-¿Cuál es la situación de esas mil 800 denuncias presentadas ante la sub-comisión?

- Más de 51 por ciento han sido resueltas, cerca del 25 por ciento está en proceso de investigación en instituciones como el Ministerio Público y los cuerpos policiales y se trabaja en el resto. Constantemente estamos revisando todos los casos.

- ¿Qué se hace para mejorar el sistema carcelario y cuál es su situación?

- Indudablemente un gran dolor de cabeza son las cárceles. A pesar de que el gobierno realiza un gran esfuerzo, tienen dificultades de infraestructura, de no clasificación, no reinserción social, no rehabilitación, hacinamiento y en líneas generales desatención en materia procesal.

Trabajamos en un proyecto de Código Orgánico Penitenciario con las instituciones relacionadas y en este momento se encuentra en manos del Presidente de la República para que analice su aprobación mediante la Ley Habilitante (que le permite emitir decretos-leyes).

El objeto es humanizar y reinsertar a los internos, tal como lo establece la Constitución. La iniciativa estaba incluida en la reforma constitucional rechazada en el referendo del 2 de diciembre de 2007.

Esa humanización tiene que ir junto a programas educativos, culturales, deportivos, buena alimentación y la participación de otros elementos de la comunidad como pueden ser los familiares y guías religiosos para atacar el problema.

Sabemos que quienes están detrás de las rejas cometieron errores, pero son seres humanos. Se les priva de la libertad pero mantienen el resto de sus derechos básicos.

Pretendemos que en la humanización participen las misiones (programas sociales) en los centros penitenciarios para cooperar en el rescate del ser humano. Una de nuestras debilidades es que no hemos podido coordinar con las instituciones este esfuerzo.

Esto es importante, porque a veces los custodios o miembros de la Guardia Nacional permiten el ingreso de armas en los centros penitenciarios y ello propicia el establecimiento de la ley del más fuerte.

Los mecanismos de educación, trabajo, deportes, entre otros, deben neutralizar el ocio y contribuir a enfrentar dificultades como el consumo de drogas. Es parte de ese gran esfuerzo el de construir cárceles nuevas o rehabilitar las existentes.

Planteamos que la privatización de las cárceles no es una solución y proponemos la creación de un organismo encargado, ya sea un Ministerio Penitenciario o Instituto Nacional Penitenciario, con participación de los mismos internos.

- ¿La derrota de la propuesta de reforma constitucional implica el abandono de ese principio de no privatización de las cárceles?

- Creo debemos mantener la misma línea. Tenemos una Constitución humanística. La privatización excluye a la mayor parte de la población como sucedió en la salud, cuando se destruyó la infraestructura de hospitales para abrir camino a clínicas pagadas.

Si privatizamos las cárceles tendrían privilegios quienes provienen de clases sociales altas. Por eso hice la propuesta de cambiar ese esquema de privatización en la reforma constitucional y también quitarle el control de las cárceles a alcaldes y gobernadores.

Llevamos años con esa llamada descentralización y 15 promociones de "penitenciaristas" no han solucionado el problema.

- ¿Cuáles son los elementos legales y jurídicos aportados desde 1999 en beneficio del respeto de los Derechos Humanos en Venezuela?

- El fundamental elemento normativo es la Constitución aprobada ese mismo año, que establece un sinfín de principios. También hemos ratificado todos los convenios y tratados internacionales en la materia firmados por Venezuela.

Fuente: Prensa Latina

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