El secuestro en la política

Miguel Lozano
Caracas.- El auge del secuestro en Venezuela, considerado un delito importado desde Colombia, se incorpora hoy al debate político nacional, resultado de la polarización de fuerzas en un año de elecciones regionales.
Según la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), en 2007 fueron denunciados 382 casos de privación ilegítima de libertad, de los cuales 31 de los afectados permanecen en cautiverio y nueve fueron asesinados.
Las autoridades sostienen que se trata del hampa común, que adoptó esa modalidad en años recientes probablemente por la influencia de delincuentes y paramilitares colombianos.
Efectivamente, el fenómeno comenzó a reportarse en zonas adyacentes a la frontera binacional de más de dos mil 200 kilómetros de largo, aunque en la actualidad se registra en la mayoría de los 24 estados del país.
Sin embargo -sobre todo luego de la solicitud del presidente Hugo Chávez para que retire el tratamiento de "terrorista" a los insurgentes colombianos-, grupos opositores aseguran que parte de los secuestros son realizados por esas fuerzas.
Consultado por Prensa Latina, el diputado Julio García Jarpa, del estado Táchira, fronterizo con Colombia, considera las acusaciones sobre el secuestro de venezolanos por la insurgencia colombiana parte de una campaña contra el presidente Hugo Chávez.
En opinión de García Jarpa, en esa campaña participan ganaderos vinculados a los paramilitares colombianos, a quienes no les conviene la paz en el país vecino.
En particular el diputado descalifica denuncias del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Genaro Méndez, sobre el secuestro de venezolanos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Méndez -explica García Jarpa- es hombre de la frontera y sabe perfectamente que las posibilidades de paz abren los caminos para el descenso de los secuestros y otras acciones de grupos irregulares emergidos del hampa o desertores de los las FARC y el ELN.
El diputado tachirense a la Asamblea Nacional de Venezuela apuntó que el dirigente ganadero sabe también que el gobierno hace seguimiento de los casos mediante organismos de inteligencia.
Durante décadas, añadió, los latifundistas colombianos han establecido alianzas con sus similares venezolanos: la paz limitaría los acuerdos que los capitales binacionales hicieron contra las nuevas ondas de liberación nacional y socialistas.
En una reunión reciente con familiares de secuestrados, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, precisó que las autoridades carecen de información o indicios sobre la participación de grupos irregulares colombianos.
Según su criterio, la existencia de cartas firmadas presuntamente por grupos o frentes paramilitares y de fuerzas armada al margen de la ley, no significa que sean de organizaciones verdaderas.
Para enfrentar el problema, diputados venezolanos preparan una Ley contra extorsión, secuestros y otros delitos conexos.
Los adelantos sobre el proyecto legislativo de fuentes parlamentarias y gubernamentales indican que podrá incluir normas de protección al testigo y de seguridad a la población, entre otras.
La iniciativa parlamentaria se suma a varias acciones anunciadas por Rodríguez Chacín, incluyendo soluciones estructurales y medidas tácticas de carácter permanente como mejor equipamiento e integración de más personal especializado.
La llegada al ministerio a principios de 2008 de Rodríguez Chacín, quien coordinó la liberación de tres colombianos en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue recibida con beneplácito por familiares de los secuestrados.
Ya en diciembre de 1998, antes de la llegada de Chávez al poder, ejerció labores de inteligencia en la DISIP, al detectarse entonces venezolanos en poder de la guerrilla.
Según su testimonio, en 1999 viajó a Colombia, conversó con esos grupos, se logró la liberación y "allí no quedó ningún venezolano. Los asistimos y los regresamos a Venezuela".
En la actualidad el funcionario sospecha que algunos políticos tratan de "pescar en río revuelto" atribuyendo un sesgo político a un delito común, lo que puede enturbiar la lucha contra el flagelo.
En un año de elecciones de gobernadores y alcaldes, cuando todo parece girar en Venezuela en torno a la política, delitos de alto impacto informativo como el secuestro pasan a convertirse en tema electoral.
Curiosamente, uno de los principales defensores de la hipótesis de participación de la insurgencia colombiana es el opositor Manuel Rosales, gobernador del occidental estado Zulia, ubicado en primer lugar por la incidencia del delito con 73 secuestros.
En su pasada campaña como candidato presidencial, paradójicamente Rosales utilizó el tema de la inseguridad como un elemento para tratar de socavar la figura de Chávez.
No es extraño entonces, en el nuevo contexto electoral, la utilización política del delito, un elemento adicional que las autoridades parecen tener en cuenta en su anunciada ofensiva contra la tendencia creciente del plagio.
Fuente: Prensa Latina