Yumare, el fin de la impunidad

Miguel Lozano

Caracas.- En un intento por hacer valer la justicia 21 años después, 21 ex funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) han sido imputados en Venezuela por la masacre de Yumare.
El caso constituye un crimen de motivaciones políticas cometido el 8 de mayo de 1986 en Yumare, región del estado Yaracuy, donde nueve revolucionarios fueron asesinados, muchos con tiros de gracia, como demuestra el proceso investigativo actual.
En aquel momento, bajo la presidencia de Jaime Lusinchi, el caso fue presentado como enfrentamiento con guerrilleros, decisión impugnada por familiares.
Para amplios sectores de la sociedad, la reapertura del caso constituye la esperanza de justicia en varios crímenes de este tipo registrados en Venezuela, como parte de la represión coordinada a la izquierda en el siglo pasado en Suramérica.
El 4 de octubre de 1982 aviones de la Fuerza Área de Venezuela lanzaron 17 bombas de 250 libras en la región de Cantaura, estado Anzoátegui, y más de mil efectivos del ejército, Guardia Nacional y DISIP aniquilaron a 41 personas, muchos de ellos estudiantes.
Otro hecho de la misma naturaleza fue registrado el 29 de octubre de 1988 cuado 14 campesinos sin vinculación con guerrilleros fueron asesinados por tropas del ejército en la zona de El Amparo, estado Apure.
Todas las evidencias indican que estos y otros casos fueron resultado de acciones inspiradas en una operación coordinada por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) para enfrentar el auge revolucionario en la región.
La llamada Operación Cóndor se atribuye normalmente a Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, dominados por dictaduras militares en los años 70 del siglo pasado.
Se sabe por documentos desclasificados que esta especie de organización internacional tuvo su origen en 1975, cuando el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, Manuel Contreras, fue invitado al cuartel de la CIA en Langley, Virginia.
Pero en sus acciones documentadas de coordinación de la operación, Contreras visitó no sólo Argentina, Bolivia y Paraguay, sino también Venezuela, país de alguna manera precursor del plan
Desde 1967 se encontraba en este país el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, quien hasta 1974 ejecutó bajo órdenes de un gobierno civil las mismas acciones represivas, con el pseudónimo de Comisario Basilio.
Por los días de las masacres de Yumare, Cantaura y El Amparo la concepción básica represiva continuaba siendo la misma, al amparo de lineamientos del Departamento de Estado creados durante la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989).
El sentido era el exterminio de cualquier foco guerrillero aún cuando se tratara de manifestaciones embrionarias, a partir del criterio que una guerrilla arraigada resulta indestructible.
Más de 20 años después, la sociedad sigue reclamando justicia por los casos de Yumare, Cantaura, El Amparo y otros, incluyendo aquellos cometidos por Posada Carriles, a quien Estados Unidos niega la extradición pedida por Venezuela.
Maestro y ejecutor de torturas y asesinatos en Venezuela, Posada escapó del país en 1985 para evadir un juicio por la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano en 1976 que costó la vida a 73 personas.
Torturados y familiares de asesinados y desaparecidos por Posada siguen reclamando justicia junto a sobrevivientes y descendientes de masacres posteriores, parte de un mismo y macabro hilo de acciones represivas.
Fuente: Prensa Latina