Mezquita-catedral de Córdoba, abierta a la polémica

Miguel Lozano

Madrid.- Joya arquitectónica e histórica, referente del tumultuoso pasado y la mezcla cultural de España, la mezquita-catedral de Córdoba centra hoy una polémica que enfrenta a la Iglesia Católica y a partidarios de la propiedad pública del inmueble. En la misma ciudad donde convive hoy la herencia islámica, cristiana, judía y romana, se enfrentan las posiciones en torno a la edificación, construida como mezquita en 785, sobre una basílica visigótica y reconvertida en 1238 en catedral católica.

El coordinador de Izquierda Unida (IU) y representante de la vicepresidencia del gobierno andaluz en Córdoba, Pedro García, afirmó a Prensa Latina que su partido mantiene la demanda de propiedad pública, pese al rechazo del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

Al contestar a una pregunta de un representante de IU en el Senado, Ruiz-Gallardón consideró recientemente un despropósito la petición, también respalda por casi 400 mil firmas recogidas por una plataforma ciudadana que defiende el reconocimiento de la edificación como bien público.

En opinión de García el problema parte de la etapa de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), cuando la ley permitía a los miembros de las diócesis de cada provincia actuar como notarios.

En ningún momento, agregó, se cambiaron esos artículos de la ley hipotecaria de Franco y lo que hizo la iglesia en 2006 fue inscribir bienes sin matricular en el registro de la propiedad, entre ellos el de Córdoba.

A partir de esa fecha, dijo, hay 10 años para que alguna administración pública pueda pedir la propiedad de la mezquita-catedral y si no lo hace sería posesión de la iglesia de por vida.

Actualmente, agregó, manejamos la posibilidad que la Junta (gobierno) de Andalucía pida la propiedad.

En su opinión la respuesta de Ruiz-Gallardón en el Senado se incluye en la complacencia existente entre el gobernante Partido Popular y la iglesia.

En esa corriente García incluyó al opositor Partido Socialista Obrero Español, el cual -dijo- no se esfuerza mucho en este tema.

Del otro lado, el presidente del cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, afirmó, en otra entrevista con Prensa Latina, que todos los documentos históricos, jurídicos y administrativos atestiguan que la propietaria del edificio es la Diócesis de la ciudad.

No hay ningún documento en el que aparezca que en algún momento fue propiedad del Estado. Por tanto son casi 800 años de posesión pacífica ininterrumpida, en los cuales se ha mantenido el culto católico, subrayó.

Según Pérez Moya, dudar de quien es el propietario es una falta de rigor histórico.

Interrogado sobre la tardanza en inscribir el edificio en el registro de propiedad, argumentó que cuando terminó la dictadura se aprobó en España una nueva Constitución, la cual establece la separación entre la Iglesia Católica y el Estado.

A partir de ahí, apuntó, se admite la pluralidad de credos y comienzan las otras confesiones a adquirir terrenos y templos. Entonces ya ellos podían inscribir esas edificaciones en el registro.

La Iglesia Católica, afirmó, no registró nunca sus bienes en España porque no lo necesitaba.

Para que la confesión católica tenga el mismo derecho, a la iglesia se le permitió la inscripción en el registro. No fue un privilegio, expresó.

Pérez Moya opina asimismo que la inscripción no supone de por sí un derecho de propiedad, pues ello se debe demostrar ante un notario y la Historia lo avala.

Sin embargo, ante el argumento de la diócesis de que el edificio es lugar de culto desde hace casi ocho siglos, García recordó que este fue declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1984.

A partir de ahí entendemos que debe ser de propiedad pública, afirmó García, quien considera la perspectiva muy complicada y compleja pues, en su opinión, como dijo Miguel de Cervantes en El Quijote: con la iglesia hemos topado.

Según su criterio, en el tema hay una mezcla de intereses políticos y económicos, pues la Iglesia recauda anualmente 13 millones de euros por concepto de entradas, sin pagar impuestos.

En virtud del acuerdo (concordato) firmado entre el Estado español y el Vaticano, no pagan nada al fisco por los ingresos y sólo abonaron la suma de 30 euros en el Registro de Propiedad para inscribir el edificio.

Otro elemento de la polémica es que la iglesia reconoce sólo el título de catedral, mientras los partidarios de la propiedad pública reclaman que se le denomine mezquita-catedral.

La denominación busca reflejar lo que consideran un paradigma universal de concordia entre culturas, como podría interpretarse de la exuberante arquitectura que aglutina elementos culturales diversos, como pocas edificaciones pueden exhibir en el mundo actual.

La asociación ciudadana denominada Plataforma Mezquita-Catedral, que promueve la recolección de firmas a favor de la propiedad pública, anunció que cuenta ya con el respaldo de 360 mil personas.

Entre ellas destacan el exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, el Premio Nacional de Literatura Antonio Gala y los galardonados con el Premio Príncipe de Asturias, el arquitecto británico Norman Foster y el académico español Antonio Muñoz Molina.

La Plataforma aboga por respetar el uso litúrgico católico de la mezquita-catedral en el contexto de una gestión pública y profesional de un monumento con una dimensión histórica, arquitectónica, patrimonial y turística incuestionables.

No se trata, asegura, de un debate religioso, sino cultural y de gestión del patrimonio histórico.

ml