Washington contra Venezuela

Miguel Lozano

Caracas.- Un tenue acercamiento esbozado por funcionarios estadounidenses hacia Venezuela parece a punto de morir antes de nacer con acusaciones del embajador William Brownfield que ratificaron la tradicional línea dura.

En declaraciones a medios de difusión locales, Brownfield dijo que en los últimos cinco años aumentó 10 veces la cantidad de cocaína trasladada por territorio venezolano, para llegar a cifras de 200 a 300 toneladas anuales.

 

Según el diplomático, ello es resultado de la ruptura de un acuerdo con la Dirección Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), una decisión argumentada por Venezuela por su carácter inconstitucional y violatorio de la soberanía.

 

Contradictoriamente, las autoridades venezolanos han informado de un incremento de los decomisos de drogas que llegan de Colombia con destino al mercado de Estados Unidos y Europa, pues Venezuela no produce narcóticos ni es alto consumidor.

 

Más allá del debate sobre el tema de la lucha antidrogas, las declaraciones de Brownfield parecen justificar la cautela conque fueron recibidas por las autoridades venezolanas declaraciones de un aparente acercamiento por funcionarios de Estados Unidos.

 

Un vestigio de mejoramiento de las tensas relaciones bilaterales se registró luego del reconocimiento del triunfo electoral del presidente Hugo Chávez en los comicios del pasado 3 de diciembre, que le dieron la reelección con casi el 63 por ciento de los votos.

 

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con Brownfield en lo que la parte norteamericana consideró el inicio de conversaciones para concretar algunos logros, presuntamente la firma de un nuevo acuerdo de Venezuela con la DEA.

 

Desde el pasado junio, la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela anunció que ese documento estaba técnicamente listo, luego de corregir algunas violaciones del anterior.

 

En su momento las autoridades del país sudamericano denunciaron que los agentes antinarcóticos estadounidenses hacían labor de inteligencia y grababan ilegalmente conversaciones telefónicas desvinculadas de la lucha contra el flagelo.

 

Según los adelantos, el proyecto de nuevo acuerdo prohíbe a los agentes estadounidenses portar armas en el país, realizar detenciones y hacer entregas controladas de drogas, lo cual está prohibido por la Constitución venezolana.

 

Asimismo prohíbe los vuelos de aviones estadounidenses en el espacio aéreo venezolano o la incursión de naves en aguas territoriales en persecución de presuntos narcotraficantes.

 

La perspectiva de la firma fue bloqueada por la designación en Washington de un jefe de espionaje para Venezuela y Cuba, una acción considerada en Caracas ajena al espíritu de cooperación.

 

Estos antecedentes, así como la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado de 2002 y el financiamiento de grupos opositores, llevaron a los venezolanos a considerar con cautela las declaraciones de buenas intenciones.

 

Tanto Chávez como el vicepresidente, José Vicente Rangel, demandaron acciones, más que palabras, entre ellas la devolución del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, protegido en Estados Unidos pese a la demanda venezolana de extradición.

 

El canciller Maduro también alertó que su país tiene razones para "desconfiar de la palabra emitida por ese gobierno".

 

"Tenemos suficientes elementos para avanzar con pie de plomo y sobre la base de una relación de confianza, trabajar con las reservas del caso. Con buena voluntad, inteligencia, pero también claridad y verdad", dijo Maduro al término de su reunión con Brownfield.

 

El más reciente ataque del diplomático parece confirmar, asimismo, criterios de observadores locales, según los cuales la política exterior estadounidense se mueve, a partir de sus reiterados fracasos, en la búsqueda de un nuevo enfoque.

 

Según estas opiniones, la evaluación de los malos pasos dados por Washington avivó la tradicional lucha entre "halcones y palomas", algo que explicaría los vaivenes y contradicciones de su política.

Partido Socialista, reto de la izquierda

Miguel Lozano

Caracas.- La formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) comenzó de hecho con el anuncio de varias organizaciones sobre su disolución para permitir a los miembros incorporarse a la nueva organización.

La creación del PSUV fue expuesta por el presidente Hugo Chávez con el propósito de darle mayor organicidad al proceso revolucionario y avanzar en la vía de desarrollo socialista en su nuevo mandato de febrero 2007 a febrero 2013.

 

Pero, junto a la declaración de su próxima disolución de agrupaciones como Movimiento Electoral del Pueblo o Unidad Popular de Venezuela, entre otras, expresiones de voceros de otras organizaciones confirman que no será un proceso exento de resistencia.

 

Pese a la complejidad, se concretó un importante paso de avance con el anuncio del Movimiento V República (MVR) de su disolución, si se tiene en cuenta que es la mayor organización política del país con más de 4,8 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales.

 

Los principales aliados del MVR, los partidos Podemos, Patria para Todos y Comunista dieron su aceptación a la propuesta, pero anunciaron diversos grados de consulta con sus bases antes de tomar la decisión de disolverse para dar paso al partido unido de la izquierda.

 

En sus primeras declaraciones luego del triunfo del pasado 3 de diciembre, Chávez dejó claro a sus seguidores, agrupados en 24 partidos y organizaciones, la necesidad de una mayor unidad política para poder enfrentar los retos de transformar el país.

 

Ante un incipiente debate sobre vías, objetivos, lapsos y estructura del nuevo partido que comenzó a tomar cuerpo, dejó claro su posición de que no se trata de una fusión o suma de organizaciones, sino de fundar una agrupación nueva.

 

Adicionalmente el presidente venezolano aseguró que el MVR, fundado por él, tampoco está en condiciones de dirigir un proceso de la magnitud y complejidad previstas, evaluación reconocida por su dirección que de inmediato anunció la disolución para enero próximo.

 

Sin dudas, la decisión de integrar las fuerzas revolucionarias es un paso necesario, para algunos ya demasiado demorado, pero complejo, pues se rata de la desaparición de organizaciones, algunas, como el Partido Comunista, con más de 75 años de fundado.

 

El camino escogido por Chávez se aparta de la sugerencia de algunos de comenzar un proceso dilatado, primero con un frente amplio. Al aludir a esa propuesta, el líder venezolano insistió: "Necesitamos un partido, no una sopa de letras".

 

Paralelamente, dejó en libertad a todos los partidos para decidir su destino, pero rechazó abrir un debate sobre el tema. "No voy a perder tiempo -dijo- y enfrascarme en un debate que sería insulso".

 

La proyección es aprovechar la estructura conjunta de la campaña electoral (integrada en batallones, pelotones y escuadras) como estructura básica nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.

 

Para ello solicitó a los 11 mil batallones, 32 mil 800 pelotones y tres millones 850 mil escuadras actualizar el registro de militantes y simpatizantes interesados en integrarse al nuevo partido.

 

Además de la definición socialista de la agrupación, Chávez advirtió que desde el principio debe tener un claro perfil moral y ético, sin espacio para ladrones.

 

Mientras esa convocatoria marca la actualidad de la izquierda, en la derecha unas 40 organizaciones políticas iniciaron con mal paso la puja por mantener el bloque electoral en la nueva coyuntura política.

 

La llamada nueva derecha, con el liderazgo de Un Nuevo Tiempo, del ex candidato presidencial y gobernador de Zulia, Manuel Rosales, parece dividida en corrientes, más allá de la confluencia ideológica.

 

Esta semana dos sectores de Primero Justicia se liaron a puñetazos en la sede de la organización, mientras los rezagos de la vieja derecha ven con animadversión a los partidos surgidos en un intento de desvincularse de los fracasos del pasado.

 

Acción Democrática perdió la inscripción oficial luego de que su dirigencia optó por el abstencionismo en un evidente suicidio político , mientras COPEI -la otra organización que gobernó junto a los "adecos" por casi medio siglo, alcanzó poco más de 200 mil votos.

 

Los recelos de COPEI llevaron a acusar a sus aliados de Primero Justicia de una campaña sucia para restarle votos en los comicios, con lo cual abrieron serias dudas sobre su participación en el pretendido bloque opositor.

 

El panorama, en definitivas, confirma la tendencia de los últimos ocho años: el ascenso de la izquierda y la caída de una derecha que ni aún disfrazada de centro o de "nueva democracia social" logra recuperar terreno, con pocas opciones de reagruparse, al menos en lo inmediato. ml

Socialismo es el límite

Miguel Lozano Caracas.- Con la propuesta de reforma constitucional para su próximo mandato (2007-2013), el presidente Hugo Chávez colocó a Venezuela en el centro de un debate que trasciende las fronteras nacionales: la vigencia del socialismo. Si a ello se suma el propósito de crear un partido único revolucionario venezolano, es de esperar en 2007 fuertes debates teóricos que, quizás, trasladarían la batalla de las calles a las ideas.   Chávez propuso avanzar en el camino al socialismo y hacerlo con el apoyo de una reforma constitucional que abriría las puertas a lo que el denomina "socialismo del siglo XXI", en la práctica la adaptación de ese sistema a las condiciones venezolanas.   Aún por definir muchos aspectos, el Presidente fijó una línea al proceso, pues considera que los principios no están en negociación y recibió el pasado 3 de diciembre el mandato socialista de más de siete millones de venezolanos (casi 63 por ciento de votos).   Lo curioso es que, como rara veces sucede en la política venezolana, la oposición apoya la propuesta de la reforma, aunque con un sentido totalmente opuesto: garantizar la propiedad privada e intentar frenar las posiciones socialistas como conceptos constitucionales.   El diputado y abogado constitucionalista Carlos Escarrá considera necesario el diálogo con la oposición, pero al mismo tiempo aclara que, como expresa Chávez, la reforma constitucional será aprobada en un referéndum, lo cual legalizará el criterio de la mayoría.   Inicialmente las propuestas opositoras apuntan a una simplificación de la trascendencia otorgada por el jefe de Estado, al hacerlas ver como una iniciativa dirigida a terminar con la propiedad privada, imponer la educación estatal y establecer la reelección indefinida.   Sin embargo, los adelantos conocidos a partir de los criterios de Chávez y Escarrá -convertido en referencia en este campo- apuntan a transformaciones profunda de los valores y estructura del Estado.   La proyección indica la intención de fortalecer el poder popular, mediante la ampliación de mecanismos de participación como las asambleas y los recientemente creados consejos comunales como concepto de autogobierno.   Por la parte gubernamental se estima que la reforma constitucional es necesaria debido a que la anterior -aprobada en referéndum en 1999- tuvo como propósito garantizar los cambios ofrecidos por Chávez, pero los hechos ya van dejando atrás esos conceptos.   Luego de ocho años de políticas sustentadas en programas sociales para distribuir más equitativamente la riqueza petrolera del país, el presidente venezolano considera que problemas como la pobreza o el desempleo no podrán ser eliminados en un estado capitalista.   En los primeros análisis, según ha explicado Escarrá, se plantea la necesidad de pasar a una economía social, humanista y solidaria en sustitución de la neoliberal sustentada en el mercado.   "Tenemos que cambiar los conceptos de libre competencia por una competencia justa y equitativa", explicó Escarrá en una entrevista al diario Panorama, de Maracaibo.   Fuentes parlamentarias, como la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, adelantan que el procesos se realizará desde el inicio con una amplia participación popular, en lo que aquí se denomina el parlamentarismo de calle.   Para ello los legisladores se disponen no sólo a recoger los criterios de la oposición política, sino también directamente de la población, como ya se ha hecho en otros casos, con convocatorias a reuniones de vecinos para opinar y proponer modificaciones.   Concluido el proyecto, se realizarán tres debates y aprobaciones en la Asamblea Nacional, para luego exponer el resultado final nuevamente al criterio de todo el país, mediante un referéndum nacional.   Escarrá adelantó que no habrá negociación de los principios y valores fundamentales, pero se dialogará con sectores opositores para identificar consensos como parte de la estrategia de la reforma.   En relación con la magnitud del proceso, este debe alcanzar la sociedad, la economía y formas de garantizar derechos propios de la sociedad socialista como vivienda, cultura, educación, trabajo, salud y deportes.   Cuando aún quedan por definir acciones, se vislumbra ya dos tendencias hechas públicas hasta ahora: creación de un Estado Socialista o una reforma para acercar las estructuras a ese propósito.   Cualquiera de las dos opciones lleva implícito el enfoque de analizar con sentido crítico la historia, desde los principios colectivistas de las sociedades autóctonas americanas hasta las causas del socialismo europeo, el mal llamado "socialismo real".   Chávez, quien a menudo cita a Carlos Mariátegui en su defensa del indigenismo americano, también considera que deberán incorporarse principios del cristianismo original, sobre todo en lo referido a la justicia social.