Washington contra Venezuela
Caracas.- Un tenue acercamiento esbozado por funcionarios estadounidenses hacia Venezuela parece a punto de morir antes de nacer con acusaciones del embajador William Brownfield que ratificaron la tradicional línea dura.
En declaraciones a medios de difusión locales, Brownfield dijo que en los últimos cinco años aumentó 10 veces la cantidad de cocaína trasladada por territorio venezolano, para llegar a cifras de 200 a 300 toneladas anuales.
Según el diplomático, ello es resultado de la ruptura de un acuerdo con la Dirección Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), una decisión argumentada por Venezuela por su carácter inconstitucional y violatorio de la soberanía.
Contradictoriamente, las autoridades venezolanos han informado de un incremento de los decomisos de drogas que llegan de Colombia con destino al mercado de Estados Unidos y Europa, pues Venezuela no produce narcóticos ni es alto consumidor.
Más allá del debate sobre el tema de la lucha antidrogas, las declaraciones de Brownfield parecen justificar la cautela conque fueron recibidas por las autoridades venezolanas declaraciones de un aparente acercamiento por funcionarios de Estados Unidos.
Un vestigio de mejoramiento de las tensas relaciones bilaterales se registró luego del reconocimiento del triunfo electoral del presidente Hugo Chávez en los comicios del pasado 3 de diciembre, que le dieron la reelección con casi el 63 por ciento de los votos.
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con Brownfield en lo que la parte norteamericana consideró el inicio de conversaciones para concretar algunos logros, presuntamente la firma de un nuevo acuerdo de Venezuela con la DEA.
Desde el pasado junio, la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela anunció que ese documento estaba técnicamente listo, luego de corregir algunas violaciones del anterior.
En su momento las autoridades del país sudamericano denunciaron que los agentes antinarcóticos estadounidenses hacían labor de inteligencia y grababan ilegalmente conversaciones telefónicas desvinculadas de la lucha contra el flagelo.
Según los adelantos, el proyecto de nuevo acuerdo prohíbe a los agentes estadounidenses portar armas en el país, realizar detenciones y hacer entregas controladas de drogas, lo cual está prohibido por la Constitución venezolana.
Asimismo prohíbe los vuelos de aviones estadounidenses en el espacio aéreo venezolano o la incursión de naves en aguas territoriales en persecución de presuntos narcotraficantes.
La perspectiva de la firma fue bloqueada por la designación en Washington de un jefe de espionaje para Venezuela y Cuba, una acción considerada en Caracas ajena al espíritu de cooperación.
Estos antecedentes, así como la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado de 2002 y el financiamiento de grupos opositores, llevaron a los venezolanos a considerar con cautela las declaraciones de buenas intenciones.
Tanto Chávez como el vicepresidente, José Vicente Rangel, demandaron acciones, más que palabras, entre ellas la devolución del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, protegido en Estados Unidos pese a la demanda venezolana de extradición.
El canciller Maduro también alertó que su país tiene razones para "desconfiar de la palabra emitida por ese gobierno".
"Tenemos suficientes elementos para avanzar con pie de plomo y sobre la base de una relación de confianza, trabajar con las reservas del caso. Con buena voluntad, inteligencia, pero también claridad y verdad", dijo Maduro al término de su reunión con Brownfield.
El más reciente ataque del diplomático parece confirmar, asimismo, criterios de observadores locales, según los cuales la política exterior estadounidense se mueve, a partir de sus reiterados fracasos, en la búsqueda de un nuevo enfoque.
Según estas opiniones, la evaluación de los malos pasos dados por Washington avivó la tradicional lucha entre "halcones y palomas", algo que explicaría los vaivenes y contradicciones de su política.
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Alberto -