Cantaura: crónica de la impunidad/Entrevista:Rafael Hurtado

Por Miguel Lozano

Caracas .- A casi 30 años de la Masacre de Cantaura pudiera estar llegando hoy el fin de la impunidad para los responsables de la muerte de 25 venezolanos, 11 de ellos asesinados con tiros de gracia.
En entrevista con Prensa Latina con motivo del premio “Gustavo Machado” por su libro Cantaura: una masacre anunciada, el investigador Rafael Hurtado confía en que la verdad salga a relucir al fin en este caso de violación masiva de los derechos humanos.
Para Hurtado, quien considera el objetivo de su obra ayudar a hacer pagar su culpa a los responsables, es el momento de decir a Venezuela y el mundo quienes fueron los autores intelectuales y materiales de la masacre.
Serán, al fin, los tribunales los encargados de condenar a los culpables y absolver a los inocentes, afirmó el investigador, quien recordó que ya en 1982, año de los hechos, se inició un juicio que no pasó de una indagación de la Fiscalía Militar de Maturín.
Recordó que ese proceso concluyó a los ocho meses con el alegato “no ha lugar” porque supuestamente se trataba de un acto de guerra.
En opinión de Hurtado, entonces se obvió que 11 de los muertos fueron asesinado con un tiro en la boca y otro en la base de la nuca (cervical), luego de un uso desproporcionado de fuerza militar porque se planificó la acción como una operación de exterminio.
Hubo, apuntó, un ataque aéreo desproporcionado contra un destacamento guerrillero de apenas 40 personas con participación de cuatro aviones de guerra (dos bronco y dos Canberra) que bombardearon palmo a palmo el campamento.
Posteriormente entraron dos helicópteros artillados y disparan con balas .50 sobre el campamento porque la idea era asegurase que no quedara nadie
vivo: una operación de exterminio de tipo tierra arrasada, expresó Hurtado.
El investigador explicó que en su libro se demuestra como en un despliegue terrestre, inmediatamente después del ataque aéreo hubo en un momento hasta dos mil 500 miembros de la Policía Política (DISIP) y de batallones de cazadores, especialistas en contrainsurgencia.
Es entonces cuando 11 heridos son rematados con tiros de gracia, lo cual, precisó, queda expuesto en las fotos publicadas en el libro, editado por la editorial venezolana El Perro y la Rana, tras lo cual intentaron quemar los
cadáveres con la idea de ocultar el crimen.
Según Hurtado, cuando llegaron al lugar los primeros periodistas, los responsables se dieron cuenta que estaban cometiendo un error, pero las evidencias quedaron allí.
La impunidad fue avalada asimismo por un intento de investigación en el Congreso que, en opinión del autor tampoco llegó a un resultado porque los partidos Acción Democrática y COPEI se pusieron de acuerdo para proteger a los culpables.
Entre los culpables, según afirma, estaba el presidente de la República entonces Luis Herrera Campins (1979-1983) a quien responsabiliza por haber dado da la orden directa de la operación de exterminio.
Asimismo los ministros de Interior, Luís Narváez y de Defensa, Arturo Machado; el director de Inteligencia Militar, Remberto Uzcátegui; el director de la policía política (DISIP), José Murga y Henry López Sico, de ese mismo organismo, entre otros.
El alto gobierno estaba involucrado, asegura Hurtado.
La Masacre de Cantaura fue ejecutada el 4 de octubre de 1982 contra un campamento del frente guerrillero Américo Silva del grupo Bandera Roja, en las cercanías de la población de Cantaura, estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela.
Entre los sobrevivientes se encuentra el comandante guerrillero Alejandro Velásquez, cuyos testimonios ayudaron a descubrir lo ocurrido realmente, en momentos que las autoridades venezolanas aplicaban la llamada Doctrina Reagan de tierra arrasada.
A 27 años de los hechos, Velásquez afirmó a Prensa Latina que los esfuerzos no van dirigidos a la revancha, sino a hacer relucir la verdad en torno a la muerte de sus compañeros de lucha.
Velásquez, condecorado este año con la Orden Warairarepano por el Concejo Municipal de Caracas, estima que con ese crimen sus autores probablemente pensaron que estaban destruyendo el frente guerrillero y poniendo fin a la lucha en Venezuela.
“Ahora uno dice, bueno: se fueron los camaradas, pero pese a ello nació la patria que querían y aquí está esta revolución, continuación de aquella lucha”, expresó.
El pasado mes de junio, el Ministerio Público informó que realizó 23 nuevas actuaciones para contar con suficientes elementos procesales y establecer las responsabilidades penales.
Los fiscales encargados explicaron que se han realizado entrevistas para la ubicación de testigos y familiares de víctimas, así como evidencias resguardadas por habitantes del sector donde ocurrieron las muertes.
El caso se activó en 2006 por solicitud de familiares de las víctimas al el Ministerio Público, con el apoyo de amplios sectores que piden la aclaración de este y otros crímenes cometidos como parte de la sistemática represión a la izquierda venezolana.
Fuente: Prensa Latina
Ml