¿Bin Laden si, pero Posada no?
Miguel Lozano
Caracas.- Piense en esto: abre la puerta y estalla un paquete-bomba; gira la llave y su auto explota; viaja en un avión que es derribado en pleno vuelo o utilizado como proyectil contra un objetivo civil o gubernamental.
¿Existe diferencia en la connotación moral de estos hechos?. Indudablemente no, porque se trata de casos de terrorismo, condenables y punibles.
Sin embargo, como en la vida no parece aplicarse en su totalidad los principios éticos, resulta que hay dos formas de ver el terrorismo, según sea la postura política.
El caso del 11 de septiembre de 2001, cuando aviones civiles fueron utilizados como proyectiles contra instalaciones estadounidenses, es una acción flagrante de terrorismo utilizada por el gobierno de George W. Bush para justificar agresiones a otras naciones.
Pero la voladura de un avión civil cubano el 6 de octubre de 1976, con 73 personas a bordo, no amerita para las mismas autoridades ni siquiera arrestar por esa causa al responsable del crimen.
Más allá de argumentos técnicos sobre la negativa de Estados Unidos a detener con fines de extradición a Luis Posada Carriles -autor confeso del crimen del avión cubano- o juzgarlo por ese hecho, es evidente que existe una decisión política.
Posada, miembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según todas las evidencias fue enviado por esa institución a Venezuela para colaborar en la represión a la izquierda y siguió trabajando para el mismo patrón luego de su fuga de una cárcel venezolana en 1985.
Está documentado que, prófugo de la justicia venezolana, Posada trabajó para el gobierno norteamericano en Centroamérica, como parte de la operación denominada Irán-contras.
Amparado en ese respaldo, o probablemente por órdenes otra vez de la CIA, organizó un nuevo atentado terrorista en 2000 en Panamá, que no era -como algunos presentan- sólo un intento de magnicidio contra el presidente cubano, Fidel Castro.
Fue algo peor, pues el asesinato iba a realizarse con el uso de explosivos durante un acto multitudinario en el paraninfo de la Universidad de Panamá, lo cual pudo haber provocado decenas o tal vez cientos de víctimas.
Pese a ello, Washington presionó a la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso para liberarlo, como demuestra la grabación de un mensaje telefónico en el cual la mandataria informa a un diplomático estadounidense la exoneración del criminal y sus cómplices.
Cuando la presencia de Posada en territorio estadounidense fue hecha pública y Venezuela solicitó su extradición para juzgarlo por homicidio, Estados Unidos volvió a protegerlo y lo detuvo con cargos menores de mentir a las autoridades migratorias.
La diferente forma de ver ambos casos lleva, cuando menos, a la duda razonable sobre la verdadera intención estadounidense de combatir el terrorismo y provoca algunas preguntas:
¿De haber actuado Estados Unidos consecuentemente desde 1976 contra el terrorismo (especialmente en lo relacionado con la aviación civil) se habrían producido los atentados del 11 de septiembre?.
¿No tienen igual valor las vidas de cubanos, guyaneses y coreanos que murieron en la explosión el avión de Cubana de Aviación que las de los atentados atribuidos a Bin Laden?.
La respuesta, sin dudas, está en la forma política de clasificar el terrorismo.
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